La legislación está lejos de ser lo que promete, pues de hecho refuerza la criminalización del consumo y se dispone a ser un proceso de privatización diseñada para recaudar impuestos pero que atenta contra la libertad de los consumidores. La ley impone nuevas normas que prohíben la producción de alimentos derivados del cannabis y la posibilidad de consumirla en el espacio público, implementando una serie de sanciones que se perfilan a convertirse en la puesta en marcha de una nueva ola de segregación para los productores rurales y los consumidores urbanos.